Luis Felipe Reyes Magaña M.Sp.S.[1] y Rafael Rivadeneyra Fentanes[2]
En México, durante el 2012 concluye el ciclo sexenal del gobierno federal, por tanto realizaremos elecciones federales para renovar a los poderes ejecutivo y legislativo; además en 15 entidades federativas también se realizarán elecciones donde se elegirán nuevos gobernadores, diputados y ayuntamientos.
La campaña electoral a nivel federal tendrá una duración de 90 días, concluyendo el 28 de junio de 2012, justo 3 días antes de la jornada electoral, la cual se llevará a cabo el 1º de julio de 2012.[3] Aproximadamente en tres meses, los candidatos de los partidos políticos presentarán a los electores a lo largo y ancho del país sus anteproyectos de gobierno, con el fin de convencerles para que los apoyen con su voto y llegar a ser quienes lleven las riendas del país durante los siguientes seis años.
En sociedades democráticas, visto sincrónicamente la campaña electoral tiene un papel relevante en la elección de una nueva élite gobernante; sin embargo, desde una perspectiva diacrónica la campaña electoral define la gobernanza a posteriori al establecer una nueva arquitectura de relaciones entre actores sociales y políticos, cuyo arreglo condiciona el desarrollo no sólo democrático, sino también económico, social y cultural de una nación. Históricamente el desarrollo de los procesos democráticos en los que se enmarcan las campañas electorales ha sido largo y conflictivo. Lentamente el ejercicio electoral ha ido superando un sin número de condicionamientos restrictivos y constrictivos para ser cada vez más validados por la ciudadanía. En México, no es sino hasta finales del siglo XX con la creación de Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral en 1990, que los procesos electorales logran alcanzar cierta legitimidad, impulsando una frágil pero significativa transición democrática que en el año 2000 se cristaliza con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya con 70 años ininterrumpidos en el poder, y el acceso del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno federal. Mediante una serie de reformas a la Constitución y sobre todo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) aprobado también en 1990, se establece un marco jurídico regulatorio que ciudadaniza los procesos electorales poniendo fin a la autocalificación de dichos procesos por parte del Estado.[4]
El COFIPE ha sufrido una serie de reformas desde su emergencia, siendo la última la del 2008[5], como respuesta a la conflictividad presentada particularmente durante las recientes campañas electorales, y con el fin de que éstas se realicen en condiciones de imparcialidad, evitando que algún partido político goce de ventajas y prerrogativas de ningún tipo respecto a los demás. Y es que, a decir de Miguel González, durante las campañas federales electorales del 2000 y 2006, se puso de manifiesto la erosión de las significativas reformas efectuadas a la legislación federal electoral de 1996 en las que se liberalizó la competencia político-electoral. En el proceso electoral 1999-2000 los dineros de los “amigos de Fox” y del gremio petrolero rebasaron lo establecido por la ley para sufragar los gastos de campaña de sus candidatos a la presidencia de la República, además que la campaña foxista comenzó con mucha anticipación. En 2006 los excesos de la campaña prevalecieron, se hicieron presentes desafiantes intervenciones públicas del presidente de la República para favorecer al candidato del PAN y vía Medios de Comunicación se emitió propaganda negativa como estrategia para convencer al electorado.[6]
La necesidad de establecer con la mayor claridad posible las reglas del juego durante el período de las campañas electorales es fundamental, ya que las fuerzas y los dinamismos que se despliegan en la lucha por el poder entre sus actores son complejos, pues condicionan el fin para el cual las campañas electorales existen. Hasta ahora, nos
hemos referido a este objeto “campaña electoral” de un modo vago, por lo que requerimos precisar suficientemente este binomio conceptual, así como reconocer aquellos elementos que lo constituyen. Este procedimiento no será ocioso si queremos hacer un análisis de la praxis de los actores de las campañas electorales, pues nos proporcionará un referente básico con el cual contrastarla.
¿Qué es una campaña electoral? Análisis conceptual de un discurso legal
Tomemos como referente la definición del ya mencionado COFIPE[7] por ser aquella que normará la actual contienda electoral. Lo que atañe a las campañas electorales se encuentra en el Capítulo Tercero de dicho Código y consta de 11 artículos. El primero, el Artículo 228, que encabeza el Capítulo “De las Campañas electorales”, y que consta de cinco párrafos, define “campaña electoral” de la siguiente manera:
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los Medios de Comunicación Social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
Lo primero que hay que destacar de esta relación, es que la definición pertenece a un texto jurídico. Este primer elemento, aunque implícito, no es menor; estamos ante un discurso legal que tiene un fuerte carácter performativo, lo que supone el establecimiento de un marco normativo cuyo objetivo es constreñir o poner límite a las acciones que los actores desplieguen durante la “campaña”, previendo la posibilidad de acciones consideradas ilegítimas a lo que se establece en el derecho, y más en el fondo, al deber. Como texto legal, presume un legislador, que podríamos deducir es el Consejo Federal Electoral, el cual se conforma por un colegio de ciudadanos, con categoría de “consejeros electorales”, que desde el ámbito institucional público, representan la voluntad de un pueblo con carácter democrático que exige un juego electoral limpio, sin corrupción, basado en el principio de la igualdad.
Un segundo elemento que salta a la vista es el trinomio actividad-acto-acción con que se delinea el concepto “campaña electoral”. Ya en el párrafo primero, que contiene la definición básica de “campaña electoral”, destaca la concepción de ella como actividad. Esta actividad, dice el párrafo segundo, se concreta en “actos de campaña”, a saber, “reuniones públicas, asambleas, marchas”, los cuales apuntan hacia un formato de actuación típico, cuyo carácter distintivo es la concentración masiva como forma de intervenir y visibilizarse en lo público. Además esta actividad “campaña electoral” adquiere también otra forma específica: la “propaganda”; esta se describe en el código como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones”. La propaganda, cuya etimología significa que “ha de ser propagada”, se define como acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores.[8] Con esto vale considerar que la campaña electoral alcanza el culmen de su concreción en acciones con talante comunicativo, es decir, acciones que son esencialmente mensajes. Estos mensajes requieren necesariamente mediaciones para su difusión, las cuales aparecen en el quinto y último párrafo del artículo 228, siendo éstos los Medios de Comunicación Social. Este párrafo quinto, que es un agregado respecto a la versión del COFIPE 2005[9], se constituye como una aclaración sobre aquello que no debe ser considerado “propaganda”, y que para el caso son los “informes de labores” de los servidores públicos sobre su gestión, siempre y cuando esta rendición de cuentas no tenga fines electorales, puntualizando para esto, una serie de condiciones que estos deberán cumplir, en el fondo una serie de prohibiciones, para que el legítimo ejercicio de la rendición de cuentas a la ciudadanía no se tuerza en un instrumento de propaganda electoral cooptado por intereses de partido, entre otros. En fin, queda señalado que la campaña electoral tiene una estructura en la que se entrelazan actividades, actos y acciones.
Un tercer elemento a destacar en este enunciado jurídico sobre lo que es una campaña electoral es su componente teleológico. En los 5 párrafos hay una referencia a la “finalidad” de este conjunto de actividades, entre los que se advierte obtener “el voto”; promover “candidaturas”; presentarse “ante la ciudadanía”; exponer, desarrollar y discutir “ante el electorado” programas y plataformas políticas. Se trata, por una parte, de dar a conocer ante los ciudadanos los anteproyectos de gobierno que los candidatos y los partidos promueven, y que los electores deberán reflexionar, “para elegir libremente” entre las diversas propuestas “la mejor”; por otra parte, mediante concurso se pretende mover las voluntades de los ciudadanos mediante el convencimiento, no el sometimiento, para conseguir su voto. Es decir, la meta de las campañas electorales consiste en suscitar una respuesta favorable de los electores por una propuesta particular, lo que supone condiciones de libertad.
A través de este texto jurídico hemos podido distinguir algunos elementos que constituyen este se llama “campaña electoral”, entre los que hemos destacado su fundamento en la “ciudadanía” y su ejercicio democrático, su carácter de “actividad” y su dimensión provocativa que demanda una “opción” reflexiva entre distintas posibilidades. A través de este sucinto acercamiento, podemos afirmar que una “campaña electoral” es fundamentalmente una praxis situada en un marco democrático de libertades. Esta constatación tiene consecuencias importantes en términos de ética, que en su sentido más radical es reflexión sobre la acción humana, sobre la praxis. Demos un paso más, que permita un tratamiento en coordenadas más formalmente filosóficas, de esta praxis “campaña electoral” en aquello que le es más propio.
La campaña electoral como “praxis democrática”
Ahora tenemos dos componentes básicos que constituyen una campaña electoral, el componente práxico y el componente democrático. Examinemos primero esta dimensión práctica que define estructuralmente la “campaña electoral”.
a) La campaña electoral como praxis
Para Antonio González el término “praxis” refiere a configuraciones concretas de nuestros actos que pueden ser analizadas a detalle. Filosóficamente la praxis designa tres tipos de estructuraciones de los actos humanos: la “acción”, la “actuación” y la “actividad”. La acción es la configuración elemental de nuestros actos y está integrada a su vez por tres tipos: la sensación, la afecc ión y la volición. La sensación refiere a la actualización de la cosa en nuestros actos, prescindiendo de cuáles hayan sido los factores que la hayan generado. La afección, por su parte, consiste en el proceso accional provocado por la sensación y que consiste en la modificación de nuestro tono vital. La volición reside en el acto esponsivo de ca rácter distendido o abierto, propio de la persona, y que a su vez determina su carácter social, posibilitando un tipo de socialización de la acción que no está biológicamente prefijada como en el caso de los animales, pero que sí está determinada por la intervención de los demás. Este carácter personal en su apertura estructural es fundamento moral de la acción.[10]
La actuación, por su parte, es una estructura que integra a las sensaciones, afecciones y voliciones, los actos de intelección de sentido. Así, una actuación es una acción orientada por un sentido que la orienta y dirige en una intención; lo “intencional” apunta a aquello que es relativo al entendimiento. Agrega además que la intelección de sentido fija nuestra acción, dotándola de un esquema estable y repetible. Esta fijación consiste en que ciertas acciones realizadas en el pasado sirven como esquemas para entender y orientar las acciones que realizamos en el presente, entre ellos se encuentran los signos y los símbolos cuya diferencia consiste en su mayor elaboración. Las actuaciones operan una selección entre bienes y males según determinados esquemas intencionales. Las selecciones adecuadas se llaman “virtuosas” y las incorrectas “torpes”. Estos esquemas intencionales que operan las selecciones entre bienes y males elementales se encuentran entre los signos y los símbolos de un determinado grupo social, lo que da lugar a sistemas morales socialmente establecidos, es decir, a la “moral concreta”. Así la mayor parte de nuestra vida moral consiste en aplicar criterios de referencias que nos proporciona la moral concreta que recibimos de los demás, aunque nos podemos encontrar en situaciones en las que nuestros esquemas morales resultan insuficientes.[11]
Finalmente, la actividad está constituida por todos los actos que integran las actuaciones, a saber, sensaciones, afecciones, voliciones, intelecciones pero incorporando los actos de razón. Y es que si es cierto que la praxis cuenta con esquemas de orientación, esto no agota el problema, pues podemos encontrarnos con situaciones que nos enfrentan a una pluralidad de posibilidades entre las que debemos optar, ya existentes o nuevas. En todo caso, la situación nos exige que nos apropiemos de una posibilidad de actuación, y a esta apropiación es a la que González llama actividad. En este sentido los actos de razón pretenden averiguar en qué consiste la realidad de nuestra situación, para determinar así cual es la posibilidad que nos apropiaremos. Sólo averiguando lo mejor posible cuál es la realidad de las cosas, con independencia de nuestra praxis, podremos determinar cuáles son realmente nuestras posibilidades y cuál de ellas resuelve más adecuadamente nuestra situación. Nuestra actividad necesita conocer la realidad para decidir cómo actuar. Vale decir que la actividad tiene un carácter histórico, la cual consiste en que cuando nos apropiamos de una posibilidad, nos ponemos en una nueva situación, la cual constituye a su vez un nuevo sistema de posibilidades. Así las propiedades que yo me apropio determinan las posibilidades de los demás, y las posibilidades de que los demás se apropian determinan las mías.
La historia, como dinamismo de apropiación y entrega de nuevas posibilidades, es una dimensión constitutiva de nuestra praxis. Con la actividad González alcanza la estructuración más compleja de los actos humanos, son los actos queriendo ir más allá de sí mismos, apropiándose posibilidades a la luz de la presunta realidad de las cosas que en ellos se actualizan. El carácter ético de la actividad radica en el cuestionamiento respecto a cuál de los diversos esquemas intencionales en conflicto es el más apto para orientar nuestras actuaciones. En su defecto, la actividad tiene que crear nuevos esquemas intencionales, los cuales orientarán actuaciones futuras. A diferencia de la “moral concreta”, el término “ética” indica la necesidad de reflexiones racionales que resuelvan la situación. Así la actividad ética está estructurada por actos racionales que operan una opción entre distintas posibilidades de actuar. En algunos casos resolverán el conflicto adecuándose a la moral de conjunto sin ponerla en tela de juicio, estos serían los actos racionales llamados “justificaciones”, en otros casos tendrá que cuestionar el juicio moral y recrear la moral en su conjunto, lo que implica la fundamentación de todo un sistema moral y estos serían los actos de fundamentación.[12]
Vista en esta clave práxica, la campaña electoral consiste en un mecanismo complejo de actos que se despliega a través de las acciones personales que la posibilitan o condicionan socialmente, por tanto, lo que sea o llegue a ser una campaña electoral depende de la intervención de todos sus actores, a través de los cuales ella es o se constituye.
Si la comparamos con otros mecanismos para relevar a los actores gubernamentales que ejercen el poder, la campaña electoral es una modalidad de transición de poder ente otras opciones, actuación estratégica cuya intención y sentido democrático radica en incentivar y promover el empoderamiento civil, descalificando y debilitando otros esquemas pasados considerados ya incorrectos, como la “herencia de los nobles” o el “golpe de estado”. En este mismo sentido, como instrumento de un sistema democrático de libertades, la campaña electoral es una “contienda”, una lucha, una batalla, una competencia entre los contendientes, un guerrear si se quiere, pero con un carácter incruento, no violento, cuya arma es el convencimiento a través de la palabra y en condiciones de equidad, actuaciones consideradas virtuosas en un horizonte democrático.
Asimismo, la campaña electoral implica en la ciudadanía un enjuiciamiento de los diversos anteproyectos de gobierno que presenten los candidatos y sus partidos, una actividad racional colectiva que tiene como objetivo elegir a aquella propuesta que abra nuevas posibilidades frente a los problemas de la realidad, que en definitiva es el referente fundamental. En este sentido, la campaña electoral exige que los anteproyectos presentados por los diversos candidatos estén referidos al contexto sociohistórico y que sean valorados en esta perspectiva.
Considerada como una praxis, la “campaña electoral” está exigida permanentemente en la realización histórica de aquello que la justifica o en su caso la fundamenta, problematizando y trascendiendo la acción moral que la posibilita y a su vez la constriñe, para que pueda llegar a ser una praxis ética, capaz de orientar las actuaciones en un sentido democrático.
b) La campaña electoral como democracia
Anotemos ahora algunos elementos del componente democrático, pues la campaña electoral es un acto complejo que pertenece a una “tradición democrática”. Nos hemos estado refiriendo a ella a lo largo del análisis, pero es preciso hacer un breve alcance filosófico. Examinemos la dimensión democrática que también estructura la “campaña electoral”.
Para Robert Dahl[13] la democracia supone un sistema asociativo entre personas en el que todos sus miembros de consideran políticamente iguales, es decir, todo los miembros deben ser tratados (bajo la constitución) como si estuvieran igualmente cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir dicha asociación. Entre las diversas versiones democráticas revisadas por Dahl, propone
5 criteios para cumplir este principio de igualdad.
1. Participación efectiva: Antes de que se adopte una política por la asociación, todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre cómo haya de ser la política sea conocido por todos los miembros.
2. Igualdad de voto: Cuando llegue el momento en el que sea adoptada la decisión sobre la política, todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar, y todos los votos deben contarse como iguales.
3. Comprensión ilustrada: Dentro de los límites razonables en lo relativo al tiempo, todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles.
4. Control de la agenda: Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo y qué asuntos deben ser incorporados a la agenda. De esta forma, el proceso democrático exigido por los tres criterios precedentes no se cierra nunca.
5. Inclusión de los adultos: Todos, o al menos la mayoría, de los adultos que son residentes permanente, deben tener los plenos derechos de ciudadanía implicados en los cuatro principios anteriores.
Para Dahl, cada uno de estos criterios son necesarios si los miembros de la comunidad han de ser considerados iguales políticamente a la hora de determinar las políticas de la asociación. Si se incumple cualquiera de estos requisitos, los miembros no serán iguales políticamente.
Por su parte, Ronald Dworkin, a partir de contexto y debate estadounidense, identifica dos concepciones de democracia, la mayoritaria y la asociativa. En la concepción mayoritaria la democracia es el gobierno de la voluntad de la mayoría, es decir, el gobierno se constituye de acuerdo con la voluntad del número mayor de personas expresada en elecciones con sufragio universal o casi universal. Acá nada garantiza que las decisiones de la mayoría sean justas, pues pueden resultar injustas para minorías cuyos intereses son ignorados. En la concepción asociativa, democracia significa que las personas se gobiernan a sí mismas cada cual como asociado de pleno derecho de una empresa política colectiva, de tal manera que las decisiones de una mayoría son democráticas sólo si protegen la condición y los intereses de cada ciudadano en tanto asociado de pleno derecho de esa empresa.[14]
Dworkin hace una valoración ambas concepciones a partir de la dignidad humana, de la cual deriva dos principios: el principio del “valor intrínseco” y el principio de la “responsabilidad personal”. El primero sostiene que toda vida humana tiene un tipo especial de valor objetivo, mientras que el segundo que cada persona tiene una responsabilidad especial en su consecución, una responsabilidad que incluye el empleo de su juicio para estimar qué tipo de vida sería para ella una vida lograda. Desde esta concepción de la dignidad humana Dworkin considera que la concepción de la democracia mayoritaria es insatisfactoria y se define por la asociativa.[15] Desde esta concepción democrática Dworkin considera que estos principios recomiendan dos estructuras de instituciones políticas y de elecciones: la igualdad de consideración y el autogobierno. Como consecuencia del primer principio una comunidad política debe considerar igualdad de consideración por todas las personas que viven en el interior de sus fronteras; esto implica que debemos poner el máximo empeño en asegurar que los políticos actúen con igual consideración por todos, evitando que concedan sólo a algunos una consideración especial, y el mejor instrumento para conseguir este objetico es el sufragio universal y aproximadamente igual.
Así los representantes elegidos por una amplia capa de la población cumplirán mejor la tarea de proteger a los débiles de la tiranía de lo que harán los representantes elegidos por unos pocos, que son los únicos frente a los que reconocen tener responsabilidades. Como consecuencia del segundo principio, los órdenes políticos deben respetar la responsabilidad personal de la gente en la identificación del valor en sus propias vidas. Si someterme a la autoridad de los otros comprometería mi dignidad cuando no participo de sus decisiones, mi dignidad no se ve comprometida cuando participo, como un miembro igual, en esas decisiones.[16]
Para Enrique Dussel, al definir el “principio democrático” hace una consideración previa sumamente interesante: la relación entre ética y política. Dussel afirma que el ámbito de lo ético no tiene un campo específico concreto, ya que el sujeto ético abstracto siempre es de alguna manera “actor” concreto de un papel o “función” dentro de algún “campo” o “sistema”; se concluye así que lo ético se realiza en las acciones que se cumplen en prácticas concretos, de los cuales la política es uno de ellos. Cada campo “subsume” los principios éticos y los transforma en el principio específico. Por ejemplo, si es un principio ético material el producir y reproducir la vida humana, el enunciado ético: “¡No matarás a ningún ser humano!”, se transforma en política: ¡No matarás al antagonista político en la lucha por la hegemonía en la que te encuentras comprometido!”.
A partir de esta puntualización, Dussel señala que entre los principios de la política se encuentra el “principio formal de legitimidad” de la política en cuanto tal, que podríamos denominar el principio democrático, que se enuncia así: Es legítima toda institución o acción política que se haya decidido desde el reconocimiento de todos los miembros de la comunidad política como iguales, libres, autónomos, con voluntad fraterna, y cuyas resoluciones prácticas hayan sido el fruto de consenso (y de voluntad común) como conclusión de argumentos racionales y honesta tolerancia, y no por dominación o violencia, es decir, habiendo efectuado todos los procedimientos institucionales y teniendo en cuenta el criterio de la participación simétrica de todos los afectados. Ahora bien, habiendo tomado parte el sujeto político (el ciudadano) en todas las decisiones, éstas le obligan (normatividad propia de la soberanía como origen del dictado y como destinatario de la obligación), no sólo a la realización de lo acordado, sino igualmente en el asumir las consecuencias de dichas decisiones.
Este “principio democrático” genera las instituciones “legítimas”, ya que “legitimidad” no es más que el cumplimiento de dicho principio, y de las instituciones o acciones generadas dentro del campo político que respetan el sentido propio de lo político como político, alcanzando legitimidad por haber permitido (u orientado) a los afectados en una participación racional (y voluntaria) simétrica. Este principio, subsume el momento ético, pero no es abstractamente ético sino político, y se encuentra en todas las instituciones legítimas y de las acciones políticas con pretensión de justicia. Desde que la democracia directa debió de ser implementada como democracia “representativa”, el “principio democrático” es la mediación necesaria entre la voluntad singular de cada elector y el elegido como representante. Dicho principio hace posible y legítima la representación, sin dejar a los miembros de la comunidad política inermes ante los representantes elegidos, siendo siempre la última instancia soberana que se ejerce en las nuevas elecciones, o en las acciones correctivas a lo largo del proceso de representación (plebiscitos, demandas judiciales, manifestaciones públicas, consenso crítico de la opinión pública, actos de desobediencia pasiva, y hasta rebelión justificada, etc.).[17]
Los aportes de Dahl, Dworkin y Dussel sobre la democracia, cada uno desde sus propios contextos y perspectivas ideológicas diversas, tienen como común denominador la centralidad que tiene soberanía del ciudadano como fundamento que legitima las instituciones políticas, muy en sintonía con la tradición contractual. La democracia exige la consideración de igualdad de los miembros de la comunidad política en el acto de elegir a sus representantes, que supone la no-exclusión de ninguno, y simultáneamente que la ciudadanía al manifestar su voluntad exige una gobernanza incluyente de la diversidad de los miembros de dicha comunidad en pro del bien común. Estas perspectivas cuentan con múltiples diferencias, claro está, pero sirva este breve acercamiento a ellas para poner las cartas sobre la mesa de lo que necesitamos tener en cuenta al plantear este instrumento llamado “campaña electoral” si no queremos obnubilar su sentido verdadero.
Aplicando estas reflexiones a la campaña electoral nos permiten situarla en su horizonte teleológico, a saber, la actualización de la democracia. En este sentido, podemos afirmar que la “campaña electoral” es una mediación esencial para la democracia, cuyo fin no es “obtener” el poder, aunque pragmáticamente lo sea de algún modo. Y es que mediante la campaña electoral, se disponen los elementos para que los ciudadanos elijan libremente a los gobernantes considerados los más competentes, el cuál en sí mismo es un acto que refunda la sociedad democrática en su núcleo más primario. No nos referimos aquí al sólo hecho de ir a votar, que puede ser una acción simple y superficial, sino a todo lo que esto supone en un modelo político democrático. Lo que está en juego en el acto electivo es la transición del poder, cuya justicia y legitimidad consiste en realizar la voluntad del pueblo condición sine qua non es imposible que el acto pueda considerarse democrático y que fundamente a la sociedad que se considere como tal.
Este ejercicio, supone la dignidad humana, que la orienta a avanzar a las sociedades en un proceso de reestructuración institucional permanente del Estado, concebido éste como una asociación común entre iguales que se autogobierna. La campaña electoral como praxis democrática tiene una importancia central en el desarrollo de una sociedad democrática, ya que es la piedra angular sobre el que se construye este edificio.
Hemos hecho un acercamiento, inacabado y por eso abierto a la discusión, a este concepto “campaña electoral” como una praxis democrática. Ahora nos toca situar nuestro análisis en el más acá sociohistórico de la coyuntura mexicana para analizar aquellos otros mecanismos que también la intervienen.
Lógica de las campañas electorales e implicaciones éticas: La propaganda contra la palabra
El tratamiento que sigue, es el propio de un análisis social. Trata de hacer un acercamiento a la configuración de la “campaña electoral” desde las campañas electorales pasadas y sus precampañas con el fin de identificar las lógicas que la condicionan en su despliegue.
a) Elecciones y encuestas
Desde la elección del 2000 el marketing político en las campañas electorales, llegó para quedarse. Y de hecho, para la elección del 2006, los Medios jugaron un papel primordial en la elección presidencial al abrir sus espacios en mayor o menor medida a ciertos candidatos y ser arena de disputa de encuestas y propaganda negativa.
Recuérdese que luego de la elección, los Medios se convirtieron en “catalizadores de la democracia: fiel de la balanza para validar la institucionalidad de la elección”[18]. Y es que las encuestas (y detrás de ellas las casas o empresas encuestadoras) se convirtieron en entidades protagonistas de los debates públicos a lo largo de la campaña. Incluso los distintos Medios pusieron en dichos estudios de mercado su confianza para saber quién sería el ganador de la contienda de aquel 2 de julio.[19]
Luego del resultado que favorecía a Felipe Calderón Hinojosa, en ese entonces candidato del PAN, los Medios iniciaron campaña para validar el resultado: a través de sus informativos y en mesas de análisis validaban la institucionalidad de la elección.
Más aun, en su generalidad, los Medios pidieron al candidato de izquierda no poner en riesgo la democracia y la participación de millones de mexicanos. Andrés Manuel López Obrador no aceptó los resultados de muchas encuestas publicadas. Y según su dicho, poseía encuestas propias que le daban un 10 % arriba de las preferencias. Nunca dijo abiertamente quién era la empresa encargada de hacerla y sólo se cree que eran dos casas encuestadoras (trascendió que una se llamaba Covarrubias y la otra Informe confidencial, mexicana y ecuatoriana respectivamente). Nunca se confirmó o desmintió este dato. Esta situación destaca que aun para el candidato impugnador, la referencia que sostenía su argumento y decir, era la encuesta.
La referencia a la encuesta es una constatación de Laura Ibarra en el 5º Espacio de Análisis Social[20], quien comenzó su ponencia remitiendo los resultados que publican tres casas encuestadoras. Luego se pregunta cómo interpretar dichos resultados. Ello le da ocasión para “observar primeramente la experiencia y la carrera política de los candidatos, cómo se les percibe y cuáles han sido sus estrategias para posicionarse ante la opinión pública”. Anuncia que, completará su análisis con “los grupos de interés que se encuentran detrás de los candidatos así como las estrategias de los partidos”. Así, toda la evocación anterior establece que de ser sensores y observadores de la contienda, las casas encuestadoras pasaron a ser actores reales del debate público en los Medios.
b) El arte de mercadeo político y la percepción negativa de las campañas[21]
Hay una percepción negativa de la mercadotecnia en general, sobre todo de la aplicada a la política y con propósitos electorales. Pero en honestidad intelectual para quien desde la filosofía le encargan una reflexión ética del asunto, no debe aceptar por buenas aquellas opiniones de quienes “desestiman” a esta disciplina que ha ganado terreno en el currículo y la formación universitaria, como lo es la Mercadotecnia, que a su vez, tiene una rama de especialización en el llamado “marketing político” relacionando al campo de lo político con el mercado. Su historia nos dice que sólo a partir de las técnicas que permiten a la acción política el análisis de la realidad social, el pleno empleo de la televisión y el uso de instrumentos tomados de la publicidad comercial que se empieza a hablar de marketing político.
El investigador de la Universidad de Guadalajara Andrés Valdez Zepeda, destaca: “la mercadotecnia política consiste en la aplicación de los conceptos básicos de la mercadotecnia para satisfacer las necesidades y expectativas del mercado electoral”.[22] Lo primero que llama la atención es que la mercadotecnia política considera al electorado como mercado, así que al buscar satisfacer sus necesidades y expectativas lo hace a través de percibirlas por vía de la investigación de mercados. Esta primera idea es interesante si la contrastamos con la imagen negativa –como manipulación- que se tiene del marketing político. En realidad sólo sería la resultante de las necesidades expresadas e interpretadas por la investigación de mercados, lo que no implicaría la manipulación del ciudadano.
Lo segundo, es diferenciar dos variantes de la mercadotecnia política: la electoral y la de imagen o presencia. La primera rama es aquella que limitándose a los tiempos electorales, se aplica en la búsqueda del voto. Implica el análisis y conocimiento de las necesidades de los ciudadanos y para planificar su satisfacción a través de dar a conocer ideologías, candidatos y programas. Para Pablo Lasso la mercadotecnia política en su vertiente segunda (la de la imagen o presencia) es la “disciplina que busca conocer el mundo construido por el elector respecto a la cosa-pública para ofrecerle decisiones políticas dignas de ser aceptadas y compartidas.”[23] En este sentido resulta ser una herramienta de comunicación que puede ser utilizada para la legitimación política de gobernantes, líderes, proyectos, ideas y planes de acción más allá de los comicios. Así, el ámbito de la mercadotecnia política es el proceso que comprende el momento de las elecciones pero lo rebasa al pretender el mantenimiento e incremento de la influencia del gobernante durante su mandato a través de aceptación, apoyo y consumo continuo de su producto político.
Ahora bien, como proceso se pueden distinguir tres etapas: 1ª) Análisis, investigación y segmentación de mercado electoral, 2ª) la planeación estratégica (aquí está concentrado el plan de trabajo y de campaña, referidos a la filosofía, políticas, objetivos y estrategias); y finalmente, 3ª) la combinación de los elementos mercadológicos para lograr los objetivos señalados en dicha estrategia. Por tanto el marketing político es el proceso resultante del conjunto de teorías, métodos, técnicas y prácticas sociales inspiradas en la mercadotecnia comercial destinadas a diseñar, bajo el previo análisis de las necesidades sociales, y promocionar ante los ciudadanos la imagen de hombres, grupos, instituciones, proyectos e ideas políticas, ya sea ante el hecho inmediato de un proceso electoral o para el mantenimiento e incremento de su influencia social y su política general”.[24]
c) Elección del 2012 y ética
El día del 5º Espacio de Análisis Social justo se celebraba 21 años del IFE. A la distancia es evidente que esa entidad esencial y tan cara a nuestra democracia se encuentra en otro contexto y que también pasa por la tentación de estar secuestrada por los partidos en el Congreso, quienes hasta ese momento no habían tomado la decisión de completar a sus consejeros. Con todo, subrayamos que fue un logro su establecimiento como organismo público autónomo y depositario de la autoridad electoral, luego de más de siete décadas de comicios en México. Se evoca lo anterior, para dar ocasión a plantear un plagio más radical. Existe en nuestro tiempo una propensión a tachar de irrelevante, arcaica, ingenua la reflexión moral, es decir, ética. Todo ha de canalizarse por el corriente de los estímulos-respuestas, de los premios y los castigos. Aunque no quiera verse así, debe reconocerse que vivimos una profunda crisis moral que aún puede agravarse.
A propósito del asunto de la campaña por venir, Ignacio Román en su exposición[25] tematizaba algo previo: independientemente de candidatos, se ha de poner en tela de juicio la política económica seguida en las últimas décadas. Este imperativo moral planteó la primera cuestión ética: la de que el rumbo económico debe de girar y reconvertirse. Pero por esta ruta se sigue el silencio cómplice. Así que, continuó Román, una segunda demanda ética viene dada por lo que debe prometer un candidato consciente y responsable de las condiciones reales (mismas que detalló en su exposición). Por este camino, la tentación es la de mejor no hablar de lo que debe cambiar y evadir el problema.
Siguiendo las rutas tenemos que del silencio se sigue no hablar y de aquí, el evadir o distraer. Si a ello, se le evoca el hecho que hace una elección, las voces dieron paso a las descalificaciones mutuas y finalmente a la anulación de los oponentes; todo ello acusa una lógica que tiene como eje a la palabra. Si a estas premisas, se le suma una tercera demanda ética evidenciada por quienes previenen que la propaganda de las campañas sea mera publicidad y se convierta en la ocasión no sólo para evadir sino para imponer asuntos triviales y distraer las realidades de verdadero interés y calado en México, entonces tenemos una lógica de la palabra secuestrada, empeñada. En fin, este asunto coloca en tensión ética a la palabra: entre su calidad de promesa y lealtad pero trenzada a su desconfianza, desgaste, perfidia y banalización.
d) El marketing político y la impostación de la imagen
Con lo anterior, se debe reconocer que los Medios se han convertido en el espacio o arena privilegiada de la política. Si bien es cierto que no toda la política puede o deberá reducirse a la imagen, el sonido o la manipulación simbólica, sin los Medios es difícil obtener o ejercer el poder. Pero cuando se habla de los Medios se les piensa como difusores de mensajes solamente. En realidad su peligro no está ahí sino en el establecimiento o imposición de los puntos de que se debe de hablar – secuestrando la palabra del elector- sino que, a propósito de ello, sean trivializadas y finalmente no tematizadas las necesidades que deben acompañar la competencia en las campañas.
No olvidemos la fábula del sapito quería entrar tantito por el hueco de una piedrita (…) así pasa con los Medios: tienen la argucia de presentarse como espectadores, pero son sus mensajes los que nos convierten en tales, siendo ellos reales actores que juegan en la arena política para sus intereses. En la era de la información y de la globalización lo propio es hacer mercadotecnia política. Por ello, los partidos y sus candidatos contratan los servicios de profesionales de las agencias de relaciones públicas o agencias de publicidad para la realización de sus campañas electorales.[26]
Las concentraciones masivas siendo parte primordial de las campañas políticas, se convierten en una estrategia más del marketing político. De aquí que, las campañas puedan ser observadas y entendidas por sus estrategias de comunicación a través de los Medios. Desde las campañas del 2000 y el 2006 el marketing político llegó para quedarse. Sin embargo se debe señalar que la investigación social y las técnicas propagandistas son auxiliares de la política y no su sucedáneo o su similar, y se ha de reconocer que el exceso de marketing no siempre se corresponde con una mayor afluencia de votantes, sino incluso con lo contrario: el abstencionismo (77.8% del padrón votó en el 94, mientras el 63.6% lo hizo para el 2000).[27]
La propia mercadotecnia política nos daría una pista importante: que no necesariamente gana quien más se exponga a la televisión, sino quien conozca el medio e investigue las aspiraciones e inquietudes del electorado, para atraerlo a las urnas y lograr que vote por el partido que lo vehicula. Así que concluimos este apartado con una pregunta: ¿Cuáles son o qué sabemos de éstas necesidades del electorado? Aun hecha esta precisión, y quizá a propósito de ella es que los asistentes al Coloquio denunciaran y pidieran a la mercadotecnia política que no le imponga a las necesidades reales de los ciudadanos-electores, una versión ligera o evasiva, y en “el fondo moral pero poco ética” de la situación del país. Que anteponiendo la imagen, la frivolidad, haga a un lado aquellas realidades que siendo menos atractivas como la que se tematiza en la política económica, son de mucha mayor trascendencia para el rumbo del país. ¿Caeremos en la trampa de seguir los puntos de su agenda y de su demagogia política?
Desde el marketing político se asiste a la sustitución de las ideas por las imágenes. En el peor de los casos esa degradación se puede acotar estando atentos. Pero desde la ética, nos hallamos en otro dilema, se es testigo de algo previo que le sucede a la palabra y que puede abrochar y rematarse en el montaje electoral: su secuestro, plagio y empeño. Así, reducida a sus preámbulos, a la banalización de la palabra se sigue la objetualización del tú, de la persona; y en el contexto de deterioro social del país, parece anunciar malos presagios de lo venidero en curso.
El análisis ético sobre el marketing político no deja de ser una novedad para la filosofía práctica y aplicada, pero sobre todo y desde la tensión ética planteada, no deja de ser una invitación a resistir con la palabra: hacer foco en realidades lacerantes, pensarlas profundamente y enfrentar a los poderes fácticos que las mantienen o provocan; gritar en los márgenes el respeto al prójimo con la sola promesa de que la ciudadanía, antes que por el carril electoral, pasa por la política de derechos.
CONCLUYENDO
Según hemos visto, el alcance filosófico realizado nos indicó que las campañas electorales son un mecanismo esencial en el desarrollo de sociedades democráticas, cuya legitimidad radica en ser una praxis que actualiza la democracia. La contienda electoral no sólo define un nuevo arreglo pragmático en los poderes ejecutivo y legislativo, sino que refunda históricamente el proyecto democrático de una sociedad que se autoidentifica como tal. El carácter ético-político de dicho proyecto se fundamenta en el poder soberano de la ciudadanía, que mediante un proceso electivo manifiesta su voluntad para constituir legalmente al Estado y sus instituciones. Más que entronizar una nueva élite de políticos, lo que está verdaderamente en juego es la actualización histórica de la comunidad democrática, este modo de ser sociopolítico entendido como asociación común entre iguales capaz de autogobierno, de resoluciones prácticas fruto de consenso racional y de honesta tolerancia.
En el alcance sociohistórico, pudimos reconocer la introducción del marketing en las campañas electorales mexicanas (notablemente en las elecciones federales de 2000 y 2006) como una técnica indispensable para que los candidatos puedan acercarse y dar a conocer sus productos-proyectos a la mayoría de los miembros de la comunidad política que de otro modo sería imposible.
Sin embargo, ha quedado de manifiesto que a través del marketing los Medios de Comunicación Social se han convertido en un verdadero actor político, pues no solamente vehiculan asépticamente la propaganda de los contendientes que los contratan o acerca de los cuales informan noticiosamente, sino porque se convierten en generadores de una toma de posición política, mediante la elección de aquello que transmiten (y el modo como lo hacen) o aquello que dejan de transmitir, interviniendo activamente en el proceso deliberativo de los ciudadanos, particularmente a través de la construcción de la imagen positiva o negativa de los candidatos-partidos y sus campañas, de la legitimidad del ejercicio democrático e incluso de la gobernanza posterior. Además, como hemos hecho notar, el marketing político cuenta con el poder de imponer a los ciudadanos una propaganda evasiva de la realidad, que mediante una lógica de negación excluye aquellas necesidades de la mayoría de la población que demandan urgentes transformaciones. Así, la vida democrática queda pendiendo de pseudorealidades, las construidas con fines propagandísticos según los intereses de la partidocracia y del poder de los mass media.
En el fondo, lo interesante de estos análisis es que podemos constatar el cruzamiento de esferas humanas, en este caso de la “política” y la “informativa”, cada una con modos de actuación e intencionalidades propias. Sin embargo, en el análisis reconocemos una profunda compenetración entre éstas esferas, que desde nuestra perspectiva nos provoca cuestionamientos inquietantes: ¿De qué manera(s) el marketing político transforma el ejercicio democrático ciudadano? ¿Qué consecuencias tiene para la vida democrática que la propaganda de la imagen evasiva esté siendo el mecanismo de comunicación con la ciudadanía? ¿Nos encontramos ante una lógica que convierte al ciudadano democrático en un mero consumidor de productos mediáticos electorales? ¿La apatía política del mexicano medio estará ligada a esta reconversión que lo hace devenir en un simple público espectador pasivo del entretenido o aburrido show electoral?
Con todo lo anterior, estamos convencidos de que en una sociedad democrática es necesaria una ética de la praxis política, cuyo fundamento radique en los valores democráticos que la sustentan, para no quedarse a merced de los poderes fácticos y sus arreglos interesados. Por tanto, una ética de las campañas electorales implica la custodia, mediante revisión constante y según parámetros claros y definidos, de una praxis democrática que constriña o enmarque las acciones de los diversos actores que entran en juego, para evitar que otras lógicas como la mercadológica puedan secuestrarla, transformándola en meros productos de mercadeo, brillantes y relucientes pero falsos o simplemente aparentes.
[1] Actualmente es profesor de asignatura en el Instituto de Filosofía A.C. Es Licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía A.C., Bachiller en Teología por el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y la Pontificia Universidad Xaveriana de Colombia, y Maestro en Psicología Social por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile.
[2] Maestro en Filosofía por el Iteso y Secretario Académico del Instituto de Filosofía, A. C.
[3] Cfr. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Calendario Electoral 2012. Tomado de Sistema Nacional de Consulta Jurisprudencial en Materia Electoral. Disponible en: http://www.juriselectoral.org.mx/tee/usuario/content/view/56/84/ [Consulta: 280911].
[4] Cfr. Infante José María, “Elecciones en México: restricciones, fraudes y conflictos” en Revista CONfines, ½ agosto-diciembre 2005. Disponible en http://confines.mty.itesm.mx/articulos2/InfanteJM.pdf [Consulta: 041011].
[6] González Madrid Miguel, “Regulación de las campañas electorales: más allá del facultamiento de la autoridad electoral” en Revista El Cotidiano, septiembre-octubre, año/vol. 22, número 145, pp. 16 y 17. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32514503 [Consulta:141011].
[7] op. cit, Capítulo Tercero “De las Campañas Electorales”, Artículo 228. Las cursivas son nuestras.
[8] Cfr. Voz “Propaganda” en Diccionario de la Real Academia Española, versión electrónica.
[9] Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y otros Ordenamientos Electorales, México D.F., octubre 2005. En esta versión, lo referente a las “campañas electorales” que estamos analizando se encontraba en el Capítulo Segundo, artículo 182. Disponible en: http://www.ieegro.org.mx/PDFs/MarcoLegal/cofipe.pdf [Consulta: 151011].
[10] Cfr. González Antonio, Estructuras de la praxis, Editorial Trotta, Col. Estructuras y Procesos, Madrid 1997, pp. 81-107.
[11] Ibid., pp.109-145.
[12] Ibid, pp. 147-186.
[13] Dahl Robert, La democracia, Una guía para los ciudadanos, Taurus, Buenos Aires Argentina 1999, pp. 47-48.
[14] Cfr. Dworkin Ronald, La democracia posible, Principios para un nuevo debate político, Paidós, Colección Estado y Sociedad No.154, Barcelona España, 2008, pp. 167 y 168.
[16] Ibid., pp. 182-184.
[17] Dussel Enrique, Materiales para una política de la liberación, UNAL/Plaza y Valdez, México 2007, pp. 305-306.
[19] Los Medios estuvieron transmitiendo el conteo todo el día: en la televisión se realizaban cortesinformativos, en la radio cada hora, así como los periódicos que actualizaban las cifras en internet.
[20] Conferencia presentada en el 5º Espacio de Análisis Social el 11 de octubre de 2011 en el Instituto de Filosofía A.C.
[21] Para este apartado agradezco la asesoría de “Propulsar” una empresa de comunicación y relaciones públicas en que trabaja Roy Pérez Torre, quien es Consultor Junior.
[23] Lasso Pablo, “Mercadotecnia Política: Concepto, Implicaciones y Predicciones”, en Revista Mercadotecnia Global, Guadalajara, Jalisco Año 3, Época 1, Número 19, Septiembre del 2000.
